Así responde el Ejército a quienes lo cuestionan

Somos un medio de comunicación digital que desde hace seis años ha cubierto la reconstrucción de las memorias de la guerra y la resiliencia de centenares de comunidades en todo el país. También somos un medio que dedica gran parte de su tiempo a construir bases de datos e investigar en profundidad las causas y los actores relacionados con la violencia que se volvió recurrente hace mucho tiempo en este país.

 

Como la mayoría de los nuevos proyectos periodísticos digitales, vivimos de una que otra beca que recibimos de la cooperación internacional, de los apoyos que nos dan nuestros aliados o de la generosidad de nuestra audiencia, que nos dona a cambio de camisetas o entradas a una fiesta. La subsistencia del proyecto está más amarrada al compromiso de nuestros periodistas, un grupo de jóvenes reporteros que han intentado construir una manera respetuosa de trabajar con las comunidades víctimas y de innovar con tecnología para contar estas historias.

 

No somos un medio de grandes dimensiones, entre todos colegas gestionamos toda la producción periodística, la búsqueda de recursos y el trabajo administrativo. Por eso nos sorprende, y nos causa un profundo temor, la dedicación con la que miembros del Ejército colombiano rastrearon digitalmente a todos los miembros de nuestro proyecto periodístico, como lo evidencia la investigación mencionada por varios medios de comunicación esta semana. También nos ha impactado como en esta operación de ‘inteligencia’ militar, construyeron perfiles con fotografías e información de teléfonos y direcciones, así como organigramas en los que nos relacionan con otros colegas y líderes sociales.

 

La investigación “Las Carpetas Secretas”, publicada en la edición n.º 1983 del 3 al 10 de mayo de 2020 de la Revista Semana, muestra el seguimiento informático del Ejército a más de 100 periodistas, líderes sociales y figuras políticas, además de la construcción de grupos de relación por la interacción en estas redes. De todas las carpetas descubiertas en la investigación, la única que rastreaba colectivamente a todo un medio de comunicación, fue la nuestra.

 

La investigación muestra un evidente caso de violación a nuestra intimidad y un grave atentado contra nuestro trabajo como periodistas, contra nuestro derecho a la libertad de expresión. Primero como medio de comunicación que termina perfilado por parte de inteligencia militar, como si se tratara de alguna organización que actuara por fuera de la ley, por el simple hecho de ejercer un periodismo crítico con las instituciones. Y segundo con el derecho de cada uno de los y las colegas que hacen parte de este proyecto de poder expresar sus opiniones personales en redes sociales, sin que por eso sean ‘fichados’ y ligarlos sin ningún tipo de sustento con círculos de relación que solo existen en la paranoia de algunos militares.

 

Esta construcción de perfiles y supuestos vínculos de personas por su interacción en redes sociales vuelve a evidenciar la recurrente y peligrosa idea del enemigo interno, que tantas víctimas le ha sumado a la violencia que ha sufrido este país. Es también nuestro mayor temor: que algún grupo de militares que haya trabajado en este ejercicio de ‘inteligencia’ crea firmemente en su interior, que los periodistas referenciados, sus fuentes y quienes comparten sus contenidos en redes sociales seamos un presunto enemigo del Estado.

 

En nuestro caso, hay claros indicios que muestran que estos ‘perfilamientos’ digitales ocurrieron a partir de una investigación que desarrollamos durante el primer semestre de 2019 junto a la Liga Contra el Silencio, una iniciativa creada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), precisamente para enfrentar la censura. Creemos que nos ‘perfilaron’ por preguntar y exigirle información pública al Ejército, en otras palabras, por hacer nuestro trabajo.

 

En julio de 2019 publicamos junto a la Liga contra el Silencio la investigación titulada ‘Convenios de fuerza y justicia’, en la que mostramos las circunstancias en las que empresas petroleras y minero-energéticas, le entregaban dinero al Ejército, la Policía y la Fiscalía. Esto a raíz de varias denuncias de comunidades que señalaban un enorme dilema ético en el hecho de que las instituciones del Estado, encargadas de la protección y la justicia recibieran recursos privados, mientras capturaban y judicializaban a líderes sociales, que protestaban contra el actuar de estas mismas empresas. El reportaje mostraba cómo estas compañías le pagaron tiquetes aéreos, planes de vacaciones a militares y la fabricación de drones.

 

La investigación comenzó seis meses antes, en febrero de 2019. En ese momento, haciendo uso del derecho que tenemos como ciudadanos a acceder a información pública, le solicitamos a las entidades respectivas los convenios que habían suscrito con las mencionadas empresas. El Ejército respondió que era información reservada, ante lo cual, acudimos acompañados de la FLIP a una tutela, ya que insistimos en que era información pública: hacíamos simplemente nuestro trabajo, amparado por los derechos que nos da la ley.

 

Tan evidente era el carácter de dicha información, que encontramos más de 200 convenios de este tipo en la plataforma estatal Secop, en la que se publica la contratación estatal. Sin embargo, estos documentos apenas mostraban unos datos parciales, por lo que insistimos con el Ejército.

 

El proceso judicial para acceder a la información faltante continuó después de la publicación. En una ocasión fueron dos militares a nuestras oficinas a llevarnos una de las respuestas a las solicitudes judiciales y luego permanecieron por un tiempo frente al edificio, lo que vimos como un hecho de intimidación, que dejamos constatado ante el juzgado que llevaba el caso. Usualmente, lo que hacían era responder vía correo electrónico o por correspondencia certificada. 

 

A finales de agosto, este caso por el derecho a la información llegó hasta un juez que le abrió un incidente de desacato al entonces comandante del Ejército, Nicacio Martínez. Ante la premura de la solicitud, respondieron y cumplieron con la solicitud judicial. Entregaron cierta información sobre los convenios, la cual ya habíamos publicado, pero insistieron que el resto era de carácter reservado.

 

Nuestro director, Óscar Parra, fue entrevistado en varios medios de comunicación para la fecha, explicando la situación. Meses después, el general Martínez lo entuteló por faltar a la verdad y afectar su buen nombre, señalándolo de mentir sobre la buena voluntad del Ejército para entregar la información. En una parte posterior del proceso, el oficial también involucró en el caso a Rutas del Conflicto como medio.

 

Al final, la justicia dio la razón a Rutas y cerró el caso. Es evidente la resistencia dentro de un sector de la fuerza pública a ser fiscalizados por la prensa para verificar su actuación como garantes de la protección de los ciudadanos y como funcionarios deben rendir cuentas por la ejecución de recursos públicos. En ningún caso se justifica el actuar de los militares que realizaron los seguimientos y perfilamientos de nuestro equipo. El ejercer nuestro libre derecho a acceder a información pública y fiscalizar el poder no puede convertirse en la excusa para acciones que puedan atentar contra nuestro derecho a preguntar e informar como medio. Tampoco puede servir como excusa para vulnerar nuestra privacidad y seguridad, individual y colectiva, y la de nuestras fuentes. 

 

 

Actualizado el: Vie, 05/01/2020 - 17:31